LAS PRESTACIONES SOCIALES

Un grupo de ciudadanos, en el paseo de Lluís Companys de Barcelona. (ARCHIVO / RICARD CUGAT)
 

Pensiones en la encrucijada

Los ingresos que aportan 1,9 cotizantes por jubilado no llegan a cubrir todo el gasto

Los sindicatos y la OCDE piden pagar con impuestos 20.000 millones de viudedad

SALVADOR SABRIÀ / ANTONI FUENTES
BARCELONA
 
El artículo 50 de la Constitución española afirma que «los poderes públicos garantizarán la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad, mediante pensiones adecuadas y actualizadas periódicamente». La encargada de conseguir este objetivo en España es la Seguridad Social mediante un sistema llamado de reparto que traspasa la factura del gasto de una generación a otra y que ahora se enfrenta a una nueva encrucijada con unas reformas del Gobierno que cambiarán sustancialmente sus fundamentos.
¿Cómo funciona el sistema español de pensiones y cuáles son sus debilidades? Uno de sus pilares consiste en que las pensiones que cobran ahora los jubilados no se financian con lo que aportaron cuando estaban trabajando, sino con las cotizaciones de los trabajadores en activo en estos momentos.

DE UNA GENERACIÓN A OTRA / «Los ingresos que se recaudan por las cotizaciones, de empresarios y trabajadores, han de hacer frente al pago de las pensiones contributivas por los pensionistas», explica un equipo encabezado por José Enrique Devesa, profesor de la Universidad de Valencia, en un reciente estudio.
Es decir, que cuando un trabajador se jubila, sus aportaciones a la Seguridad Social ya se han esfumado porque han sufragado las pensiones que se estaban pagando antes.
Hasta ahora, el sistema de pensiones español se podía considerar técnicamente como uno de reparto de prestación definida, es decir, que garantizaba una pensión determinada en función de los parámetros vigentes y actualizada con la inflación real. Por tanto, cualquier ajuste del sistema recaía en los trabajadores en activo mediante la modificación de sus cotizaciones o bien rebajando o endureciendo el derecho a percibir una prestación.
Sin embargo, con la nueva fórmula de revalorización aprobada por el Gobierno –con subidas entre el 0,25% y el IPC más 0,25%– los pensionistas actuales «también se convertirán en paganos de los problemas del sistema al sufrir pérdidas de poder adquisitivo», explica Javier Díaz-Giménez, profesor del IESE y coautor de una investigación financiada por la fundación Edad & Vida y Zurich.
Este admite que las nuevas medidas mejorarán la liquidez de la Seguridad Social a medio plazo aunque «con un precio muy alto» para jubilados y trabajadores. Como opción, plantea la fórmula sueca, un modelo mixto entre el reparto y la capitalización o pensión privada con la tutela del Estado y también con un factor de sostenibilidad que corrige los desequilibrios ajustando las condiciones cara al futuro.
Como alternativa a las reformas del PP, los sindicatos han planteado una medida que comparte la OCDE: pagar las pensiones de viudedad y orfandad con impuestos y no con cotizaciones, con lo que se reduciría el gasto de la Seguridad Social en más de 20.000 millones anuales.

RECORTE DEL FONDO DE RESERVA / En una situación ideal de equilibrio, las aportaciones de los cotizantes deberían ser suficientes para pagar las jubilaciones. Hay unanimidad en que este gasto crecerá en el futuro por el aumento de la esperanza de vida, el envejecimiento demográfico y el importe de las pensiones: más jubilados y más caros.
Para evitar el colapso se han puesto en marcha varias reformas, que debían aplicarse progresivamente. Sin embargo, la dureza de la crisis ha reducido drásticamente la relación de afiliados y pensionistas y el Gobierno ha decidido acelerar los cambios en el sistema.
En épocas de bonanza, y no hace tanto de ello, la relación entre afiliados y pensionistas fue tan positiva que se creó el llamado fondo de reserva con los excedentes para poder hacer frente a posibles faltas temporales de ingresos en caso de crisis, como el momento actual. El fondo llegó a disponer de más de 66.800 millones el año 2011. El Gobierno del PP habrá utilizado casi 24.000 millones del fondo a finales del 2013 y ya ha presupuestado gastar otros 11.000 el próximo año.
Pero la relación entre cotizantes y pensionistas ha caído un 24% del 2007 al 2013 al pasar de 2,5 a 1,9. En Catalunya, según datos del CTESC, ha bajado a solo 1,77 con el agravante de que tienen salarios congelados o menores que los de hace dos años. Traducido en dinero quiere decir que entre el 2005 y el 2010 todavía se ingresaba más de lo que se pagaba en pensiones, mientras que en los tres últimos años el resultado ha sido negativo y además con un deterioro muy acelerado.
Sin embargo, para el presidente del CTESC, Josep Maria Rañé –buen conocedor de las pensiones y partícipe del Pacto de Toledo– «es importante distinguir entre un problema coyuntural, muy vinculado a la crisis económica y las elevadas cifras de paro, que acabará reduciéndose, con un tema estructural como la evolución demográfica y la esperanza de vida a medio y largo plazo».