Interior exige a ETA la disolución y desdeña a los verificadores

Jorge Fernández Díaz fue ayer rotundo con la Comisión Internacional de Verificación (CIV). Negó cualquier «legitimidad» a este grupo de expertos en resolución de conflictos y exigió a ETA su «disolución incondicional», un día después de que trascendiera que la banda había transmitido a la citada comisión de expertos que estaba dispuesta a abrir un diálogo con el Gobierno sobre el abandono de las armas.
«Han intentado contactar con nosotros, pero no les reconocemos ninguna legitimidad a esos verificadores –señaló Fernández Díaz durante el cónclave que el PPC celebra en Barcelona–. Con la Guardia Civil y la Policía tenemos suficientes verificadores para comprobar si ETA se disuelve o no». La banda, según el ministro del Interior, debe llevar a cabo su «disolución incondicional» y «dejar de engañar a sus presos», quienes si se «desvinculan de ETA, y en el marco de la ley, y solo en ese marco», podrán acceder a unos beneficios penitenciarios que el Ejecutivo no está dispuesto a dialogar con los terroristas. «El Gobierno ni ha negociado, ni negocia, ni negociará jamás con ETA», sentenció Fernández Díaz.

APOYO DEL PSOE / En esta tarea contará con el apoyo del PSOE. Su secretario general, Alfredo Pérez Rubalcaba, declaró en Sevilla, donde asistió a la toma de posesión de José Antonio Griñán como presidente andaluz, que se debe hacer «todo lo posible» para que la banda terrorista desaparezca, una labor en la que él «siempre» estará con el Gobierno. Para Rubalcaba, ahora se trata de «una etapa distinta de la política antiterrorista» y el Estado «debe culminar la tarea» para que ETA, que el pasado 20 de octubre anunció el cese «definitivo» de la violencia, se disuelva. El número dos del grupo socialista en el Congreso, Eduardo Madina, víctima de la banda, se expresó en términos similares. «Lo único que queremos que se sepa, y creo que el presidente del Gobierno lo sabe, es que el PSOE está para ayudar al Gobierno incluso cuando se equivoque. En ese caso se lo diremos en privado y lo defenderemos en público», dijo.
Mientras tanto, el colectivo de presos de ETA, el llamado EPPK, hizo un gesto. En un escrito remitido al diario Gara , los reclusos consideraron que el plan de reinserción del Gobierno, que facilita su acercamiento a Euskadi si rechazan la violencia y se desvinculan de la banda, contiene «aspectos significativos». Sin embargo, señalaron que «cualquier programa que tenga como base el arrepentimiento-delación nace muerto y estéril» y reclamaron de nuevo al Gobierno que «cambie la política carcelaria». En cualquier caso, el EPPK transmitió su «disposición a dar pasos» siempre que se pongan fin a las «estrategias de presión y chantaje». A juicio de los etarras, el plan del Gobierno es «un reconocimiento del carácter político del colectivo».