Sortu, constitucional

El Tribunal Constitucional ha vuelto a enmendar la plana al Supremo a cuenta de los aberzales. El tribunal de casación se ha partido en dos (seis votos a favor y cinco en contra), como sucedió con la sentencia sobre Bildu en mayo del 2011, y ha avalado la vía política de Sortu al anular la ilegalización de este partido dictada por el Supremo en marzo del 2011. La sentencia ha obtenido de inmediato la beligerancia del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, que ha recuperado el discurso que el PP, implacable con la izquierda aberzale pese a que abjure de la violencia, tantas veces arrojó al Gobierno de Rodríguez Zapatero. Pero en Euskadi la mayoría de ciudadanos, a juzgar por los partidos que los representan en las instituciones, han aplaudido el fallo, que se inscribe en la apertura vasca a una realidad que arrincona planteamientos ya definitivamente fuera de la historia.
Con el fallo, el Constitucional envía un mensaje tranquilizador a la sociedad en el sentido de que el cumplimiento de la ley es primordial, porque Sortu certificó su obediencia a la ley de partidos y su repudio de la violencia, «incluida de forma expresa la de ETA». Los deberes hechos por este partido, de los que dio cuenta ya hace 16 meses, deberían conducir ahora a su plena incorporación a la escena política de un País Vasco que calienta motores por la previsible anticipación de las elecciones autonómicas. Su posición natural sería la de integrarse en el cartel recién presentado para esta cita con las urnas, EH Bildu, donde se encuentran la izquierda aberzale y otras fuerzas independentistas vascas. La presencia de sus papeletas reflejará algo más que la necesaria correspondencia entre las ofertas electorales y los intereses ciudadanos: la baza más importante es el aumento del peso político de estas opciones en la que debe ser la fase final de ETA, ya derrotada políticamente.
Entrar ahora a considerar si el fallo del Constitucional tiene o no relación con la orientación política de sus miembros y hacer conjeturas sobre cuál habría sido la sentencia si se hubiera emitido tras la próxima renovación del tribunal es estéril. Lo importante es que se trata de un acuerdo lógico y trascendente, y que encaja con la lenta pero irreversible normalización política de Euskadi.