En busca de la eficiencia y la transparencia

La necesidad de un nuevo modelo de financiación para la Generalitat de Catalunya se puede argumentar desde diversos puntos de vista. Se podría hablar de derechos históricos o de discriminación, de injusticia o de solidaridad. Se podría alegar la existencia de un muy elevado déficit fiscal sostenido en el tiempo. Pero uno de los puntos de vista más relevantes es el análisis en términos de eficiencia e incentivos. En economía los incentivos son importantes.
El actual modelo de financiación autonómica crea incentivos erróneos no solo para la prosperidad económica de Catalunya, sino también para la de España. Recordemos que dejando de lado el País Vasco y Navarra, que gozan de un régimen foral diferenciado, las demás comunidades comparten un mismo sistema. Este otorga una importante autonomía a las comunidades en cuanto al gasto y gestión de las competencias traspasadas, pero en cambio concede muy poca capacidad normativa y recaudatoria sobre los ingresos. Mientras las comunidades autónomas gestionan un 34,6% del gasto público, tan solo recaudan un 19% de los ingresos. El resto lo aporta el Estado en forma de transferencias a las comunidades.
Con el tiempo, este sistema ha ido aumentando sus inconvenientes y haciendo evidentes sus disfunciones. Pero sobre todo ha generado incentivos que no favorecen la eficiencia y el crecimiento. La actual crisis económica no ha hecho más que agravar y hacer más evidentes estos problemas.
Solo por mencionar algunos ejemplos de disfunciones. En una economía donde el Estado recauda la mayoría de los impuestos y realiza transferencias a las comunidades para financiar sus gastos, estas tienen el incentivo de aumentar el gasto tanto como les sea posible si pueden convencer al Gobierno de que finalmente les transfiera lo necesario. En consecuencia, se puede generar un exceso de gasto en la fase expansiva del ciclo. Exceso que no se distribuye con criterios de eficiencia, sino en función de la capacidad de presión política.
Cuando el ciclo invierte su tendencia y es necesario realizar un ajuste fiscal, la Administración central tiene el incentivo de trasladar el ajuste a los gastos que no dependen de ella, aunque sean socialmente muy importantes, como la sanidad o la educación, y en cambio se resiste a recortar los que depende de ella, como por ejemplo el sueldo de los funcionarios. También se resiste a subir los impuestos que controla, como el IVA, por mucho que el FMI insista en que debería hacerlo.
Otro ejemplo lo encontramos actualmente en los objetivos de déficit público. El Gobierno puede fijar un determinado nivel de déficit máximo a las comunidades y para cumplirlo, estas deben reducir el gasto. Pero si por alguna razón el Gobierno decide reducir adicionalmente las transferencias a una determinada comunidad, para cumplir los objetivos la comunidad deberá realizar ajustes adicionales. Con el agravante de que nada garantiza que finalmente el servicio público medio que se da a los ciudadanos sea el mismo en cada comunidad.
En todos estos ejemplos, las decisiones no se toman con criterios económicos, sino en función de los intereses de la Administración pública que tiene un mayor poder, la central. Y con frecuencia el resultado termina siendo ineficiente y políticamente sesgado.
El mecanismo que mejor solucionaría estas disfunciones sería uno en que Catalunya, y toda comunidad que así lo solicitara, recaudara todos los impuestos de su territorio. Posteriormente la Generalitat realizaría una transferencia al Estado en concepto de los servicios que este presta en Catalunya. Además se añadiría a esta cifra una cantidad en concepto de solidaridad para ser transferida a otras comunidades con menor renta per cápita.
El mecanismo no puede ser calificado de insolidario porque, si es necesario, se puede aumentar lo que debe pagar una comunidad en concepto de solidaridad. Pero es cierto que se trataría de una solidaridad más negociada y sobre todo más transparente. Y hay quien sospecha que la transparencia en estos menesteres no es algo deseado por todo el mundo, sobretodo porque si el sistema es opaco, el encargado de gestionar esa solidaridad la puede distribuir a su antojo o incluso puede quedarse con parte de ella.
Este nuevo sistema sería mucho mejor en términos de incentivos. Se daría una corresponsabilización entre ingresos y gastos que introduciría racionalidad económica en las decisiones. Favorecería el equilibrio presupuestario. Además, aquellas comunidades que hicieran un mayor esfuerzo para generar riqueza podrían disfrutar de esa mayor riqueza, pero también serían más capaces de pagar mejor y sin demoras los servicios del Estado y la cuota de solidaridad establecida. Gracias a unos mejores incentivos, el sistema favorecería a todos los ciudadanos del Estado a partir de una economía más eficiente y una mayor generación de riqueza.
Se trata de incentivos. Hoy día, un Arquímedes economista afirmaría: Dadme un buen incentivo en qué apoyarme y moveré el mundo. Y también se podría afirmar en dirección contraria: Dadme unos incentivos erróneos y os arruinaré un país. O dos.