Los empleados públicos compran un edificio de la Generalitat

Empleados y a la vez caseros de la Generalitat. El fondo de pensiones de los trabajadores públicos, que cuenta con 229.997 partícipes, selló ayer la compra de un edificio de la Generalitat en Barcelona por 14,5 millones de euros.
Se trata del inmueble que ocupa los números 80-86 de la calle Doctor Roux de Barcelona, que alberga actualmente la dirección general de Medi Natural y la Agència de Residus de Catalunya. La gestora del fondo, VidaCaixa, acordó la adquisición hace unas semanas por cuenta de este instrumento de jubilación complementaria de los empleados públicos.
La comisión de control del plan de empleo decidió la compra el mes pasado, a raíz del proceso de venta de inmuebles iniciado por el Govern para reducir el déficit de las cuentas públicas. El órgano de gobierno del fondo cuenta con un representante de UGT, otro de CCOO, otro de Catac y la secretaría que ocupa un representante de la Administración catalana. Estas personas son las que deciden la política de inversiones.
Según los términos del acuerdo de adquisición, la Generalitat seguirá como inquilina del inmueble por un periodo de 15 años y una renta anual de 1,1 millones de euros.
Se da la circunstancia de que el Ejecutivo catalán decidió eliminar las aportaciones a este fondo tanto en el 2011 como en el 2012, con lo que desde el 2010 la Administración no ingresa cantidad alguna en este plan. Según los acuerdos de constitución, la Generalitat debía dedicar a este instrumento de previsión social el 0,5% de su masa salarial.
El fondo de pensiones de la Generalitat, que fue constituido en el 2005, cuenta en la actualidad con un patrimonio de 229,5 millones de euros. La rentabilidad anualizada en un año es del 3,02%; del 5,30% en tres años y del 3,62% a cinco años. Entre el 2006 y el 2010 acumuló una rentabilidad del 21,36% frente a un índice de precios de consumo (IPC) del 13,55% a lo largo del mismo periodo de tiempo.
Este es el tercer inmueble que vende la Generalitat durante este año. Los otros dos fueron la sede de Territori por 52 millones de euros, a Bancalé Servicios Integrales; y la de los servicios territoriales de Cultura en Barcelona a Mutual Mèdica de Catalunya i Balears por un total de 2,5 millones.