CRIMEN EN UN ASCENSOR

Condenado a 19 años por asesinar a su esposa encinta en Nou Barris

J. G. ALBALAT
BARCELONA
 
La Audiencia de Barcelona ha condenado a 19 años y seis meses de prisión a Daniel Doya Torres, que en la madrugada del 25 de agosto del 2010 disparó a su mujer embarazada en un ascensor del inmueble en el que vivía la pareja, en la calle de Lorena del barrio barcelonés de la Guineueta. La sentencia recoge el veredicto de culpabilidad dictado por el jurado y el magistrado presidente, Josep Niubó, le atribuye al acusado el delito de asesinato en concurso con el de aborto (17 años y seis meses de cárcel) y tenencia ilícita de armas (dos años).
El magistrado señala en la sentencia que la pena de 17 años y medio de prisión (menos de lo que exigía el fiscal, que reclamó solo por este delito 20 años de cárcel) por el asesinato ya es suficientemente «grave» y su larga duración «ha de permitir que el tratamiento que reciba el penado incida en él con el fin de hacerle comprender la extrema gravedad de su conducta con el objetivo de integrarlo socialmente a partir de unas prácticas de comportamiento ajustadas a derecho». Respecto a la tenencia ilícita de armas, las resolución judicial señala que debe imponerse la pena más grave, no solo porque el acusado llevaba la pistola Mauser-Wertke de manera indebida y con plena conciencia, sino que además reconoció que la llevaba encima pensando en la posibilidad de utilizarla en un hipotético enfrentamiento que podría haber tenido ese mismo día con unos supuestos ladrones que habían robado a su hermano.

POR LA ESPALDA / Doya ha sido condenado a un delito de asesinato en concurso con uno de aborto porque el hijo que su pareja llevaba en el vientre murió horas después debido al fallecimiento de la madre y pese a que en un primer momento los servicios médicos lograron extraerlo con vida mediante una cesárea post mortem. El acusado disparó a su mujer cuando esta estaba de espalda y sin que pudiera defenderse. El magistrado también le condena a pagar una indemnización de 380.000 euros para los familiares de la víctima, entre los que se encuentra su propia hija, de cuya patria potestad le inhabilitan mientras dure la condena.