Gobierno y autonomías ultiman el tijeretazo a la dependencia

El Gobierno se sentará hoy con los representantes de las comunidades autónomas para plantear un nuevo tijeretazo social a cuenta de la crisis, esta vez sobre la aplicación de la ley de la dependencia, una norma nacida con polémica y crecida con sobresaltos, entre críticas y una indudable falta de recursos económicos.
A la vista de que el dinero falta más que nunca, el Ejecutivo central y ha advertido de cuál será el eje del recorte de esta prestación: vincular la ayuda al patrimonio del beneficiario y poner la lupa sobre los cuidadores familiares para comprobar que viven con ellos y que su horario profesional es compatible con la atención a los enfermos, so pena de retirar los pagos. Actualmente, hay 178.300 cuidadores familiares en España, la mayor parte, mujeres, que cobran como máximo, en los casos de dependencia más graves, 520 euros mensuales. En total, 730.000 personas reciben prestaciones por dependencia. Hay unas 430.000 diagnosticadas con el grado 3 de dependencia o gran dependencia.
La ministra de Sanidad, Ana Mato, se enfrentará hoy a dos tipos de quejas –el orden de prioridad podría variar, según el caso– por parte de los representantes autonómicos, entre ellos el conseller de Benestar Social i Família, Josep Lluís Cleries: la invasión competencial y la presión que el Gobierno plantea sobre el usuario en la reforma de la ley de la dependencia.
El Gobierno catalán, que lleva mosqueado con la norma desde que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero la acuñó, y que quiere aprobar una propia, insiste en que el hecho de que las comunidades autónomas cuenten con la competencia exclusiva en política social colisiona con que el Ejecutivo central le dicte cambios en detalle sobre la aplicación de la ley. El Gobierno solo debería intervenir fijando principios generales, subraya la Administración catalana. Euskadi ya se ha quejado también en este sentido: la Diputación Foral de Vizcaya protestó ayer.
La segunda queja, la de la presión al usuario, se centra, en el caso catalán, en criticar que se quiera computar la primera vivienda para determinar si alguien puede o no recibir la ayuda. La Generalitat, que está a favor de vincular lo que se paga con el patrimonio, pero descontando la vivienda habitual, también considera que el Gobierno da por buenos costes, por ejemplo de residencias, que no son realistas, por ser inferiores a los de Catalunya. Es de prever que Andalucía, el mayor feudo del PSOE, presente una oposición rotunda a los planes gubernamentales.

NUEVO TEXTO / Fuentes de la Generalitat explicaron ayer que el Gobierno le remitió por la mañana un nuevo borrador de la reforma con algunos matices respecto del documento que les envió la semana pasada, y lamentaron el poco tiempo disponible para estudiar los cambios.