Tarragona cifra en 12.000 euros la revuelta antiparquímetros

El vandalismo sobre los parquímetros y las pintadas contra las nuevas zonas verdes en dos barrios de Tarragona han costado, de momento, 12.000 euros a las arcas municipales, según informó ayer Begoña Floría, la concejala de Movilidad. Floría tachó ayer esta factura de «reprobable» e hizo un nuevo llamamiento al civismo. Según la consejera, el Ayuntamiento ya preveía que la decisión generaría «descontento por parte de la población», pero pidió que las protestas se lleven a cabo «en un marco de respeto y convivencia».
Algo más de un centenar de personas, convocadas por los colectivos independentistas Osan, Endavant Tarragona y con el apoyo de la CUP pintó ayer simbólicamente de blanco numerosas zonas verdes de la avenida de Catalunya para mostrar su malestar, en medio de un despliegue especial de la Guardia Urbana y la advertencia del Ayuntamiento de que no se toleraría ningún acto vandálico y de que se pasará factura por los daños. La protesta discurrió sin incidentes.
Las zonas verdes forman parte del nuevo plan de movilidad urbana y empezaron a implantarse el pasado 1 de agosto en el barrio de los Músics y en la Via Augusta en medio de un fuerte rechazo vecinal. Los vecinos de las zonas se niegan a comprar la tarjeta de residente, valorada en 14 euros y a pagar medio euro al día para estacionar. Para quienes no sean residentes, la tarifa es de zona azul, es decir, un euro por hora.

SIN COCHES La mayoría de vecinos cuentan con plazas privadas de aparcamiento y las calles de estos barrios residenciales ofrecen estos días una imagen inédita, vacía de coches. Sin embargo, pronto no habrá alternativas para aparcar en la calle gratuitamente, porque de forma inminente empezarán a pintarse 50 calles más. El objetivo del ayuntamiento es que no haya ninguna zona gratuita de aparcamiento en el centro, desde el barrio marinero del Serrallo hasta el barrio antiguo de la Part Alta.
La patronal Cepta y las asociaciones de comerciantes piden que se reconozca a empresarios y empleados como «residentes comerciales» para evitar la «deslocalización» y el «empobrecimiento del tejido económico local» y ya han solicitado reunirse con Floría. El alcalde, Josep Fèlix Ballesteros (PSC), recibirá en septiembre a la plataforma vecinal para escuchar sus quejas, aunque ya ha dicho que el plan seguirá adelante.