POLÉMICA SOBRE LA PRIVACIDAD EN EEUU

Espionaje sin límites

El ‘escándalo Petraeus’ hace saltar de nuevo las alarmas sobre la capacidad de intrusión del FBI y otras autoridades en la vida privada

IDOYA NOAIN
NUEVA YORK
 
«Debemos replantearnos nuestras nociones de identidad y secreto. Cada byte revela información de localización, hábitos y, por extrapolación, intención y posible comportamiento. Los datos que se pueden recolectar son virtualmente ilimitados» .
Seguro que a David Petraeus no le hace hoy ninguna gracia, pero incluso el director de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA) que el viernes pasado dimitió por el escándalo de un romance extramatrimonial debe reconocer la ironía de que fuera él quien pronunciase esas palabras.
Lo hizo en marzo, cuando daba una charla a In-Q-Tel, un grupo creado en 1999 con la misión de «construir un puente entre la CIA y una nueva serie de innovadores tecnológicos» . Para entonces ya vivía la relación adúltera con Paula Broadwell, su biógrafa. Y hablaba de la «absoluta transparencia del mundo digital» y alababa el trabajo tecnológico que ayuda a ser «diabólicamente inteligente » a la CIA, posiblemente sin pensar que esa transparencia e inteligencia diabólica se volverían contra él mismo.
Cierto es que no fue la agencia que dirigía Petraeus sino la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) quien empezó a husmear en el correo de Broadwell después de que Jill Kelley, una mujer de Florida amiga tanto de Petraeus como de su sucesor frente a las fuerzas en Afganistán, el general John Allen, recibiera correos amenazantes. Pero el caso ha hecho saltar las alarmas de nuevo ante las extensas capacidades del Gran Hermano gubernamental de entrar en la vida privada de los ciudadanos, sean quienes sean. Como ha dicho Marc Rotenberg, director del Centro de Información de Privacidad Electrónica, «si al director de la CIA le pueden pillar, prácticamente se abre la veda para todos los demás» .

Líneas borrosas

A otros grupos como la Fundación Frontera Eléctrónica, el Centro para Democracia y Tecnología y la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) les preocupa que no hubiera aparente criminalidad en las comunicaciones entre los implicados en el escándalo, por el que de momento no se han presentado cargos. Anthony Romero, director de la ACLU, ha dicho a The New York Times , que «debería haber una investigación, no del comportamiento personal de Petraeus y Allen, sino de los poderes que usó el FBI para mirar en sus vidas privadas. Es ejemplo de la borrosa línea entre lo privado y lo público» .
El acceso al correo electrónico en EEUU está regulado desde 1986 por la Ley de Privacidad de las Comunicaciones Electrónicas, que se ha quedado obsoleta. Esa ley estipula, entre otras cosas, que correos electrónicos de más de seis meses han sido «abandonados» , por lo que no hace falta orden judicial para acceder a ellos. Si el FBI quiere acceder al registro de llamadas telefónicas, en cambio, tiene que lograr la orden judicial, demostrar una «causa probable» y probar que ha intentado todo lo demás.
El Gran Hermano mira, y mucho. En el informe semestral sobre transparencia que acaba de publicar Google aparece que el Gobierno de EEUU ha subido un 26% su petición de datos al gigante informático (nadie pide más que EEUU). Entre enero y junio, Google recibió peticiones (públicas y privadas) para acceder a información de 34.614 cuentas de correo electrónico. En el 90% de los casos accedió.