CONFLICTO ENTRE ADMINISTRACIONES

Una de las protestas que tuvieron lugar el pasado verano ante la Conselleria de Salut después de la aprobación del euro por receta. (ARCHIVO / JOAN CORTADELLAS)
 

Rajoy recurrirá tras las elecciones el euro por receta en Catalunya

El Consejo de Estado publica un dictamen en el que sostiene que la medida es inconstitucional

La Generalitat y el Gobierno madrileño, que aplicará también la tasa, no darán marcha atrás

GEMMA ROBLES / ANTONIO YAGÜE
MADRID
 
El Gobierno de Mariano Rajoy lleva amenazando desde junio con recurrir ante el Tribunal Constitucional el euro por receta en Catalunya, la polémica medida aprobada por Artur Mas sin que en su día el PP catalán hiciera nada por evitarlo. Pero el Ejecutivo central permanece anclado en el amago de recurso sin presentarlo ante el Alto Tribunal, y eso que cuenta con el aval del Consejo de Estado, cuyo informe se hizo público ayer levantando una gran polvareda: sostiene que Catalunya ha invadido las competencias del Estado y que cabe llevar el asunto al Constitucional. ¿A qué espera pues el Gobierno para dar el paso? Esa es la pregunta que lanzaba el PSOE al conocer el informe del Consejo. «Vamos a agotar la vía del diálogo», vino a responder la ministra de Sanidad, Ana Mato, quien agregó que se apurará el plazo hasta diciembre para ver si la Generalitat cede.
Pero la Conselleria de Salut reiteró ayer que no retirará una medida que cuenta con el visto bueno del Consell de Garanties Estatutàries. ¿Entonces? Mariano Rajoy apurará los plazos al máximo, esto es, dejará que pasen las elecciones catalanas antes de poner sobre la mesa un nuevo conflicto de competencias con Catalunya.

EL PULSO MADRILEÑO / También el Gobierno madrileño, que dirige Ignacio González tras el adiós de Esperanza Aguirre, ha anunciado que utilizará la fórmula del euro por receta en el 2013. González –que en los últimos años ha sido una de las bestias negras de Rajoy en el PP– confirmó ayer que Madrid también hará caso omiso al informe del Consejo de Estado por no ser vinculante. De hecho, desde la Consejería de Sanidad madrileña se confirmó ayer que el Gobierno regional conocía el contenido de ese dictamen antes de anunciar que imitaría a Catalunya con la polémica medida. «La creación de tasas es competencia de las autonomías» y «se está adoptando para garantizar la sostenibilidad económica», indicó la consejería.
Así ,una vez que Catalunya ha recalcado que no dará su brazo a torcer y la Comunidad de Madrid ha reconocido que conocía de antemano la posición del Consejo de Estado
–que ha decidido obviar– resulta menos creíble que el Ejecutivo central siga manteniendo que está dejando pasar el tiempo para buscar el acuerdo. «Nosotros iremos con ese dictamen a la mesa [de negociación con el Gobierno catalán] y trataremos de hacer entender a la otra parte la inconstitucionalidad de la medida y la necesidad de su modificación», apuntó ayer la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, añadiendo que el proceso con Madrid será idéntico.

REACCIONES POLÍTICAS / Como era de esperar, el posible recurso contra el euro por receta desató ayer un aluvión de reacciones: CiU hizo oídos sordos al ruido que llegaba desde Madrid; el PP de Alicia Sánchez-Camacho fingía haber olvidado que permitió con su abstención que la tasa saliera adelante; el PSC resaltó que siempre lo ha rechazado, y Esquerra se quejó de que el Estado meta las narices en competencias que considera catalanas (pese a dejar claro que no respalda la medida).
Desde Andalucía, el Gobierno de José Antonio Griñán exigió al equipo de Rajoy que actúe contra Catalunya y Madrid con la misma celeridad que lo hizo contra Andalucía, contra la que presentó dos recursos en el Constitucional tras la implantación de la subasta de fármacos.
En nombre de la dirección socialista salió a la palestra Trinidad Jiménez, que también reclamó un recurso sin más demora. En este contexto, parece claro que los socialistas comparten el criterio del Consejo de Estado de que el euro por receta «puede provocar una ruptura de la exigencia constitucional de que el acceso a las prestaciones farmacéuticas se produzca en condiciones de igualdad en todo el territorio del Estado», así como que las autonomías no pueden influir, ni directa ni indirectamente, en el precio de los medicamentos. Claro que es destacable que los dos miembros del Consejo que dudan de que el euro por receta sea inconstitucional son María Fernández de la Vega y Fernando Ledesma. Ambos estuvieron en gobiernos socialistas.