EMERGENCIA SOCIAL

Afectados, juristas y oenegés juzgan decepcionante e injusta la medida

Subrayan que los requisitos fijados dejarán fuera a muchas personas

T. SUST / J. G. ALBALAT
BARCELONA
 
Tanto los juristas consultados como las entidades sociales que atienden a los afectados por el drama hipotecario juzgan insuficientes las medidas previstas en el decreto aprobado por el Gobierno para paralizar, en parte y por un tiempo, la oleada de desahucios en España.
El juez de Barcelona Josep Maria Fernández Seijo, que ha elevado al Tribunal de la UE una consulta sobre la legalidad de la ley hipotecaria española, opinó ayer que la medida «es un parche insuficiente que no soluciona el problema». Sostuvo que se debe reformar urgentemente la ley de enjuiciamiento civil y la ley hipotecaria. «La nueva normativa no dice nada sobre la suspensión de las ejecuciones en marcha y se deja al criterio de los bancos. Se levantó una expectativa de modificación legislativa que no se ha cumplido», añadió.

TSUNAMI / El juez decano de Zaragoza y portavoz del Foro Judicial Independiente, Ángel Dolado, también calificó de insuficiente la moratoria. «No arreglará el gran tsunami que tenemos y hay muchos supuestos que quedarán fuera. Es un problema jurídico y debemos valorar la situación muy seriamente. Los jueces continuamos sin tener margen de maniobra para actuar», sostuvo. La jueza decana de Barcelona, Maria Josep Feliu, afirmó por su parte que «hasta que no se sepa el contenido del decreto no se pueden valorar las consecuencias. La información disponible es bastante escasa».
La presidenta de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), Maria Morató, insistió en que «las expectativas se han visto decepcionadas» y en que el decreto podrá aplicarse a «muy poca gente». «Los bancos, que son los que han dado hipotecas alegremente, no arriman al final el hombro para solucionar el problema. El Gobierno tendría que haber regulado de una vez la dación en pago», agregó. El presidente del Consejo General de la Abogacía, Carlos Carnicer, indicó que las nuevas normas llegan «tarde», después de, como poco, cuatro años cometiéndose «injusticias».
En el campo de las entidades, la más significada en el drama de los desahucios es la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), cuya portavoz, Ada Colau, cree que el Gobierno ha obedecido a los bancos: «Es una medida decepcionante a la vista de las expectativas creadas, y es la que querían las entidades bancarias. Es absurdo y discriminatorio que una familia con dos niños de cuatro años no entre en la medida y una con uno de dos, sí. Y no se aborda la deuda existente tras 400.000 ejecuciones bancarias desde el 2007». Colau recordó que los últimos suicidios han forzado la reacción gubernamental y que el decreto no hubiera permitido acogerse a la moratoria a la mujer que se suicidó en Barakaldo. En ello coincidió la presidenta de Entitats Catalanes d’Acció Social (ECAS), Teresa Crespo: «Se deja fuera a mucha gente. Es un apaño que no resuelve el problema».
La presidenta de la Taula del Tercer Sector, Àngels Guiteras, cree que Gobierno y PSOE han demostrado no tener «ninguna voluntad política de hallar una solución». «Esto no servirá para nada. No puedo decir ni que sea un parche», afirmó. Colau, Crespo y Guiteras recordaron que la iniciativa legislativa por la dación en pago –que ni siquiera estuvo encima de la mesa– ya ha reunido 614.246 firmas y espera llegar al millón.