EDITORIAL

Una moratoria positiva pero insuficiente

El Consejo de Ministros aprobó ayer una moratoria para evitar que las familias en peor situación sean expulsadas de sus hogares si no pagan la hipoteca. Podrán perder igualmente la propiedad de su vivienda, pero el desahucio judicial no se producirá durante los próximos dos años si cumplen alguno de los requisitos contemplados por el Gobierno, que van desde ser familia numerosa a ingresar menos de 19.230 euros anuales, pasando por otras condiciones de tipo económico y social. Es una decisión de urgencia, positiva, que tapona la sangría en la que se ha convertido un proceso continuo de desalojos que se repite a diario. En palabras de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, son «medidas paliativas» que se habilitan por «razones humanitarias».
La sorprendente rapidez con que el PP y el PSOE habían apostado por cerrar un acuerdo y poner coto al drama al que asiste el país, junto con el no menos inédito pronunciamiento del Consejo General del Poder Judicial, además de la ILP a favor de la dación en pago e iniciativas como la de EL PERIÓDICO, respaldada por 77.000 lectores, habían generado unas expectativas superiores al resultado que conocimos ayer. La decisión del Gobierno va solo un poco más allá de la prórroga decretada de motu propio por la banca y no entra en la cuestión de fondo: la ley es tan desequilibrada que impide a los jueces impartir justicia, como denunció el CGPJ.
Las circunstancias que rodean una norma tan compleja como esta justifican la prudencia. Una de ellas, y no la menor, es que Bruselas quiere conocer en qué términos se podría modificar una ley que afecta a los bancos intervenidos. Sin embargo, cuando el Gobierno se niega a hablar en público de los aspectos que cabría estudiar –subastas, intereses de demora, tasaciones– y acusa al PSOE de no haber cambiado la ley cuando gobernaba está dando a entender que elude cualquier compromiso sobre el auténtico origen del problema. Un ciudadano se puede sentir arruinado cuando pierde su casa porque no ha podido afrontar la deuda, pero cuando el sentimiento es de haber sido tratado injustamente le invade la desesperación. La esencia del drama de los desahucios no es la expulsión de una familia, aun siendo muy grave, sino que es el resultado de una ley pensada sobre todo para asegurar los intereses de una parte.